En esta área, asesoramos a nuestros clientes en sus relaciones con las administraciones públicas, en cualquier tipo de procedimiento administrativo y en cualquier materia, incluyendo la exigencia de responsabilidad patrimonial por los daños causados por el funcionamiento normal de los servicios públicos (sanidad, educación, carreteras, transporte, medio ambiente, costas, etc.), e impugnamos ante los tribunales cualquier resolución dictada por las administraciones públicas, incluso cuando actúa por vía de hecho.