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Hace unos días se hizo público el dictamen del Abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aunque este informe no es vinculante y hay que esperar a la Sentencia del TJUE, abre la puerta a una nueva oleada de demandas de consumidores cuyas hipotecas se rigen por el índice IRPH. Y, es que, de confirmarse las conclusiones emitidas por el Abogado general, este índice sería considerado nulo cuando se comercializara con opacidad.

Es la misma opinión de numerosas asociaciones de consumidores y de la propia Comisión Europea, que entienden también que esta cláusula puede ser anulada por falta de transparencia.

Si, como es previsible a priori, esto se confirma, asistiremos a una nueva oleada de reclamaciones de consumidores similar a la que se produjo con la anulación de la cláusula suelo.  Lo que sería un nuevo varapalo para el Tribunal Supremo en contra de su decisión de avalar este índice y no haberlo considerado opaco.

El Abogado general del TJUE considera que se trata de un índice complejo y que, para ser considerado válido, el cliente debía estar debidamente informado de cómo se calcula, de sus evoluciones y de cómo podía repercutirle firmar una hipoteca sujeta al IRPH. Por lo que, según su informe, serían los jueces quienes tendrían que valorar caso por caso si las hipotecas se firmaron o no en condiciones de transparencia.

Los bancos buscan acuerdos ante la posible anulación del IRPH

Se calcula que la anulación del índice hipotecario IRPH puede costar a la banca hasta 44 mil millones de euros. Antes esta posibilidad, las entidades financieras llevan meses llamando a la puerta de sus clientes para ofrecerles un acuerdo en base a una modificación de sus hipotecas.

Se espera, en todo caso, que el TJUE se pronuncie a final de año sobre esta cuestión y podamos saber definitivamente en qué situación quedan los consumidores y las entidades financieras.

FEDER

PAJUELO, FDEZ. VILLA Y ASOCIADOS, S.L. ha recibido una ayuda de la Unión Europea con cargo al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, financiada como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 (REACT-UE), para compensar el sobrecoste energético de gas natural y/o electricidad a pymes y autónomos especialmente afectados por el incremento de los precios del gas natural y la electricidad provocados por el impacto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

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